En abril de 2018, el Tribunal Supremo de Trinidad y Tobago declaró inconstitucionales las secciones 13 y 16 de la Ley de Delitos Sexuales, que penalizaban las relaciones sexuales consensuales entre adultos del mismo sexo. Este fallo fue celebrado por organizaciones de derechos humanos, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que lo calificó como un avance significativo en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en el país.
Sin embargo, recientes informes sugieren que se han presentado iniciativas para revertir esta despenalización y reinstaurar leyes que prohíban la homosexualidad en Trinidad y Tobago. Estas propuestas han generado preocupación entre activistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, quienes advierten que una medida de este tipo representaría un retroceso en los avances logrados en materia de igualdad y no discriminación.
Es importante destacar que, hasta la fecha, no se ha confirmado oficialmente la aprobación de ninguna ley que vuelva a penalizar las relaciones homosexuales en Trinidad y Tobago. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos continúan monitoreando de cerca la situación, instando al gobierno de Trinidad y Tobago a mantener su compromiso con la protección de los derechos fundamentales de todas las personas, independientemente de su orientación sexual.