Bajo la lluvia, Córdoba pidió justicia por Vica y una ley antidiscriminatoria

Llovía. Y aun así, frente a Tribunales I de Córdoba, la gente se quedó. Amigos, familiares y referentes de la comunidad LGBTIQ+ se reunieron este domingo para pedir justicia por Vica Monteros, la arquitecta de 44 años asesinada la semana pasada en su domicilio de barrio Alberdi.

La convocatoria tuvo una participación que superó las expectativas dadas las condiciones climáticas. Bajo el agua, se leyó un documento colectivo que no se limitó al caso de Vica: fue un diagnóstico de lo que falla, y una exigencia de que algo cambie.

“Existían señales”

Uno de los puntos más fuertes de la noche fue la denuncia
sobre el historial del imputado.
“Su asesino llevaba años publicando mensajes discriminatorios. Existían señales, claras, públicas y sostenidas en el tiempo de un discurso de odio, que nunca fue abordado de manera efectiva”, señalaron desde la comunidad.

El fiscal Guillermo González confirmó que la muerte de Vica fue violenta y que hubo alevosía. El detenido, un hombre de 27 años, permanece en prisión mientras avanza la investigación. La comunidad exige que el caso sea encuadrado como crimen de odio.

Para quienes estuvieron frente a Tribunales, el problema no empieza con el crimen: “Los crímenes de odio no comienzan con el acto extremo de violencia. Se gestan en discursos, prácticas y desigualdades que el Estado muchas veces no logra intervenir a tiempo.”

La deuda legal

El reclamo de la noche también apuntó al marco normativo. La ley nacional 23.592 sobre actos discriminatorios, sancionada en 1988, no menciona explícitamente orientación sexual ni identidad de género. Aunque incluye la categoría “sexo“, la protección de las identidades LGBTIQ+ queda sujeta a cómo cada juez o institución interpreta la norma, lo que genera zonas grises y acceso desigual a la justicia.

“La discriminación no es una consigna abstracta, tiene consecuencias reales”, dijeron. Y agregaron: “Esa violencia, muchas veces, está habilitada por la falta de herramientas legales eficaces que prevengan, sancionen y reparen.”

La demanda no es tirar la ley, sino actualizarla: que la protección sea explícita, que incluya orientación sexual, identidad y expresión de género como categorías protegidas, y que contemple agravantes específicos cuando la violencia esté motivada por el odio hacia identidades disidentes.

Una ley que también educa

Para la comunidad, la ley antidiscriminatoria no cumple solo un rol punitivo. “Establece un límite claro a la violencia simbólica y material, y constituye condiciones para una convivencia más justa e igualitaria”, expresaron frente a Tribunales.

Esta es una demanda que las disidencias llevan años sosteniendo en cada Marcha del Orgullo. El caso de Vica la volvió urgente.

“Justicia por la Vica también es esto: transformar el dolor en acción. Y esa acción, en derechos. Porque sin herramientas legales adecuadas, la violencia se repite.”