El jueves 3 de septiembre, a plena luz del día, Río Tercero fue escenario de un nuevo episodio de violencia transodiante. Nicol Gabriela Pujana esperaba su turno para ser atendida en el Centro Pediátrico de la ciudad cuando un hombre que salía del lugar le arrojó una piedra, sin mediar provocación alguna, por el solo hecho de ser una mujer trans.
El agresor fue identificado como Omar Fernández. Pese a la violencia del ataque —que, según remarcan quienes lo denuncian, tuvo una intención clara de dañarla—, Fernández no fue detenido. La respuesta de la Justicia local se limitó a una orden de restricción, una medida que, para quienes acompañan a Nicol, queda muy por debajo de la gravedad de lo ocurrido.
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La amenaza que redobló la apuesta
Lejos de guardar silencio o mostrar arrepentimiento, el propio agresor usó su cuenta de Instagram para jactarse públicamente del ataque. Ahí publicó una amenaza directa contra Nicol: que apenas volviera a verla, la golpearía de nuevo. Ese mensaje, sumado a la ausencia de una detención efectiva, encendió las alarmas sobre el riesgo real que corre su integridad física.
Un patrón que se repite: violencia y desprotección institucional
El caso de Nicol se suma a una lista que la comunidad LGBT+ cordobesa viene señalando hace tiempo: ataques motivados exclusivamente por la identidad de género de la víctima, seguidos de respuestas judiciales que no están a la altura de la violencia sufrida. Que un hecho de esta gravedad —una agresión física con un objeto contundente, en la vía pública, con amenaza de reincidencia incluida— derive solo en una restricción, vuelve a poner sobre la mesa un reclamo que se repite cada vez que ocurre un episodio así: la necesidad urgente de una ley antidiscriminatoria en Córdoba, que dé un marco legal más firme para prevenir y sancionar este tipo de violencia.
Mientras tanto, Nicol queda expuesta a un agresor que no solo no fue detenido, sino que hizo pública su intención de volver a atacarla.
