El conflicto que el legislador provincial Gregorio Hernández Maqueda viene protagonizando desde hace dos semanas, primero con un posteo en X pidiendo derogar la Ley de Identidad de Género y después ratificando esa postura en vivo en el streaming Distrito Federal, llegó ahora a la Justicia. ATTTA Córdoba presentó una denuncia penal en su contra, y la Comisión Organizadora de la Marcha Provincial del Orgullo de Córdoba salió a respaldarla públicamente, además de convocar a la adhesión colectiva.
Según el comunicado difundido por la organización, la denuncia señala que Hernández Maqueda violó en reiteradas oportunidades la Ley 26.743, incumpliendo específicamente el artículo 1°, que garantiza el derecho a la identidad de género, y el artículo 12°, que establece el derecho al trato digno. El legislador se refirió a personas trans de manera despectiva y estigmatizante, algo que, de comprobarse, podría constituir el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Para la Comisión Organizadora, lo que está en juego excede el episodio puntual: “Consideramos que esta denuncia constituye un límite que debemos sostener como comunidad”, sostuvieron en el comunicado, al tiempo que llamaron a legisladoras y legisladores, organizaciones de la sociedad civil, ONG, asociaciones, agrupaciones, fundaciones, colectivos, sindicatos y a la ciudadanía en general a sumarse de manera solidaria a la denuncia. El objetivo declarado es garantizar que el Estado no vuelva a tolerar este tipo de discursos desde sus propias instituciones. La adhesión puede realizarse a través de un formulario habilitado especialmente para la convocatoria.
El comunicado también puso en contexto la importancia de la norma que Hernández Maqueda pidió derogar. La Ley de Identidad de Género argentina es reconocida internacionalmente como pionera: tanto la ONU como la Corte Interamericana de Derechos Humanos la tomaron como estándar global en materia de reconocimiento de identidad de género. Para las organizaciones, se trata de una herramienta clave no solo para el resguardo del colectivo travesti-trans, sino también para proteger a las infancias trans y garantizar que puedan crecer y desarrollarse con libertad. En ese sentido, remarcaron que desprestigiar la ley o pedir su derogación implica desconocer la vulneración histórica que atravesó la comunidad, y representa además un riesgo concreto para las próximas generaciones.
La denuncia se suma a un historial reciente: Hernández Maqueda ya había generado polémica en marzo con un proyecto para eliminar la paridad de género en las listas electorales, y profundizó su postura este mes al sostener en una entrevista que la Ley de Identidad de Género “se va a derogar en algún momento porque es inconstitucional”, además de proponer directamente suprimir el sexo del DNI. Ahora, esa postura pasa de la discusión mediática al terreno judicial, con una comunidad organizada decidida a marcar un límite institucional.
