Turquía profundizó su ofensiva contra el colectivo LGBT+ con una macrooperación policial que ya deja al menos 47 detenidos y redadas en asociaciones, domicilios y negocios de todo el país. Según confirmaron las fiscalías turcas, los operativos alcanzaron 15 provincias y afectan en total a 162 sospechosos, nueve organizaciones y 13 empresas.
El Gobierno de Recep Tayyip Erdogan enmarcó los operativos bajo el lema “Mi familia está a salvo”, presentados oficialmente como parte de una investigación por presunta prostitución y obscenidad. La Fiscalía General de Estambul detalló que durante el fin de semana se realizaron procedimientos en 15 provincias contra 38 sospechosos, de los cuales 26 terminaron detenidos, además de secuestrar drogas, equipos electrónicos, alcohol de contrabando y un arma de fuego. Por su parte, la fiscalía de Ankara confirmó otras 21 detenciones vinculadas puntualmente a la organización Kaos GL, con cinco personas más todavía buscadas.
Kaos GL, una de las organizaciones LGBT+ más antiguas de Turquía, denunció que la cifra real de activistas detenidos superaría los 50, y que más de diez fueron arrestados directamente en sus domicilios. La entidad también señaló que las autoridades bloquearon el acceso a decenas de sitios web y cuentas de redes sociales vinculadas a organizaciones y activistas del colectivo.
El operativo se da en paralelo a la “Década de la Familia y la Población” que impulsa Erdogan, una política enfocada en revertir la caída de la natalidad y el envejecimiento poblacional en el país. Aunque la homosexualidad no está tipificada como delito en Turquía, organismos de derechos humanos vienen advirtiendo desde hace años un deterioro sostenido de las libertades del colectivo, incluida la prohibición reiterada de las marchas del Orgullo desde 2015, según recuerda Amnistía Internacional.
Voces internacionales ya se pronunciaron sobre la ofensiva. La Asociación Turca de Derechos Humanos calificó los operativos como una forma de discriminación estatal y persecución política, mientras que Nacho Sánchez Amor, ponente del Parlamento Europeo para Turquía, los definió como una violación flagrante de los acuerdos internacionales y los derechos fundamentales.
