Tenía 21 años cuando murió. Había conseguido que su identidad fuera reconocida legalmente como Daniela. Sin embargo, cuando fue enterrada, su tumba volvió a mostrar el nombre y la imagen que pertenecían a una vida con la que ella ya no se identificaba. Ahora, cuatro años después, la Justicia española investiga si esa decisión puede constituir un delito de odio “post mortem”.
La historia de Daniela plantea una pregunta dolorosa: ¿puede una persona trans seguir siendo víctima de la negación de su identidad incluso después de morir?
Un tribunal de España decidió abrir un proceso penal contra los padres adoptivos de una joven trans de 21 años que fue enterrada utilizando su nombre anterior a la transición y fotografías tomadas antes de que pudiera vivir públicamente como Daniela.
La causa está siendo investigada por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Novelda, en Alicante, después de que la Fiscalía especializada en delitos de odio considerara que existen indicios que justifican abrir una investigación.
El caso podría convertirse en un precedente especialmente importante para los derechos de las personas trans: la posibilidad de que la Justicia reconozca que la dignidad y el respeto por la identidad de género no desaparecen con la muerte
Daniela había logrado el reconocimiento legal de su identidad
Daniela murió en 2022, cuando tenía 21 años. Un año antes había conseguido modificar legalmente su nombre, un dato que posteriormente fue fundamental para la denuncia presentada por su entorno y por organizaciones que acompañan a personas trans y sus familias.
Sin embargo, tras su muerte, sus padres decidieron enterrarla en el panteón familiar utilizando su necrónimo —el nombre anterior a su transición— y fotografías de una etapa de su vida en la que todavía no podía mostrarse públicamente como Daniela.
Para sus amigos y las organizaciones que impulsaron la denuncia, no se trató simplemente de una elección familiar o de una discusión privada. La lápida, sostienen, convirtió la negación de su identidad en algo permanente y expuesto públicamente. Su nombre legal no estaba allí. Tampoco la imagen con la que Daniela había decidido presentarse al mundo.
Una vida atravesada por el rechazo
La investigación también volvió a poner el foco sobre la historia personal de Daniela y la relación que mantuvo con su familia. Según la información publicada por distintos medios españoles, desde muy joven expresó su identidad y sufrió una profunda falta de aceptación por parte de sus padres adoptivos.
Su entorno ha relatado que fue sometida a diferentes intentos para modificar o reprimir su identidad, incluyendo terapias de conversión y otros tratamientos e internamientos. Una amiga íntima de Daniela contó que incluso existía presión sobre su apariencia para que adoptara una imagen considerada masculina.
Finalmente, Daniela consiguió independizarse y realizar el cambio registral de su nombre. Pero la muerte llegó demasiado pronto. Y, según la denuncia, después de su fallecimiento volvió a producirse aquello contra lo que había luchado durante buena parte de su vida: la negación de quién era.
¿Puede existir un delito de odio después de la muerte?
Ese es precisamente el centro del debate judicial. La Fiscalía de Delitos de Odio de Alicante entiende que los hechos podrían trascender el ámbito estrictamente privado y representar una posible acción de humillación vinculada a la identidad de género de Daniela.
El argumento es especialmente relevante porque la causa plantea la protección de la dignidad de una persona fallecida.
Según explicó a El País el abogado Saúl Castro, que representa a quienes impulsaron las acciones legales, la jurisprudencia reconoce que determinados derechos vinculados a la dignidad pueden proyectarse incluso después de la muerte.
La Fiscalía también ha puesto el foco en que la decisión de encargar una lápida con el nombre anterior y fotografías previas a la transición no habría sido algo accidental, sino una actuación deliberada que ahora deberá ser analizada judicialmente.
No es solo el nombre de una lápida
Para las organizaciones trans y LGTBIQ+ que acompañan el caso, la discusión va mucho más allá de una inscripción funeraria.
Tiene que ver con quién tiene derecho a contar la historia de una persona. Tiene que ver con si una familia puede ignorar la identidad legal y social que alguien construyó durante su vida. Y tiene que ver, sobre todo, con una realidad que muchas personas trans conocen demasiado bien: el llamado deadnaming, es decir, utilizar un nombre anterior que la persona ya no reconoce como propio.
Cuando esto sucede contra la voluntad de una persona viva, puede convertirse en una forma de negación o violencia simbólica.
En el caso de Daniela, el debate adquiere una dimensión todavía más dolorosa porque ella ya no puede defender personalmente su identidad.
Por eso fueron sus amigos y organizaciones como Euforia Familias Trans-Aliadas quienes decidieron impulsar acciones para que la historia de Daniela no quedara definitivamente escrita bajo un nombre que no era el suyo.
Un caso que podría sentar precedente
El proceso todavía está en una etapa de investigación y, por supuesto, la apertura de una causa no implica una condena. Será la Justicia la que deberá determinar si los hechos constituyen efectivamente un delito y si existe responsabilidad penal. Pero el caso ya abrió una discusión inédita sobre el alcance de la protección frente al odio y la discriminación.
La pregunta es potente: ¿La identidad de una persona trans debe ser respetada solamente mientras está viva?
Para quienes impulsan la denuncia, la respuesta es clara. Daniela consiguió que su identidad fuera reconocida legalmente. Vivió como Daniela. Construyó vínculos como Daniela. Y sus amigos insisten en que también merece ser recordada como Daniela.
Cuatro años después de su muerte, la batalla ya no es únicamente judicial. También es una batalla por la memoria.
Porque, para muchas personas trans, el derecho a ser quien uno es no debería terminar en una tumba.
