El legislador provincial Gregorio Hernández Maqueda no se quedó en el pedido que había publicado en X días atrás. En su visita al canal de streaming Distrito Federal, lo repitió en cámara y con micrófono abierto: “A mí me gustaría derogar la Ley de Identidad de Género”, dijo, ratificando en viva voz lo que ya había planteado desde su cuenta personal en medio de la polémica que generó el trato en masculino hacia Florencia de la V en radio y televisión.
Consultado sobre el fondo de su planteo, Hernández Maqueda apuntó directamente contra los dichos de la propia De la V, que había sostenido que debería ser delito tratar a una persona con un género distinto al que se autopercibe. “A mí eso me parece autoritario”, respondió el legislador, y desarrolló su argumento: sostiene que cualquier persona tiene libertad para autodenominarse como quiera, pero que eso “no le da derecho a exigir” que otra persona particular la trate de esa forma, siempre que no medie un insulto o una discriminación explícita. En sus propias palabras, planteó que puede sostener que “Florencia de la V es un varón” que figura como mujer en su DNI “porque una ley la habilitó”, y que sostener esa diferencia entre lo que dice el documento y lo que él “cree” no constituye, para su razonamiento, ningún acto de discriminación.
Cuando se le repreguntó si, existiendo una ley que reconoce su identidad, no correspondería llamarla como ella se nombra, Hernández Maqueda fue tajante: “No, porque de hecho ella misma lo dice, o sea que no estamos obligados nosotros a pensar y a tratarla de esa forma. La ley lo que autorizó es a que en su DNI figure que no es varón, que es mujer, y se cambió el nombre”. Es decir, para el legislador, la ley modifica un documento, pero no obliga a que terceros reconozcan esa identidad en el trato cotidiano.
La entrevista avanzó también sobre la relación entre sexo y género en el DNI. Consultado sobre si para él prima el sexo biológico por sobre la identidad autopercibida, el legislador fue incluso más allá de su planteo inicial: “Yo estoy de acuerdo, por mí supriman el sexo del DNI”, respondió. Y al ser consultado directamente sobre si cree que la derogación de la ley es un escenario posible, no dudó: “Absolutamente, de hecho creo que se va a derogar en algún momento porque es inconstitucional”, afirmó, sin fundamentar en la entrevista en qué basa esa supuesta inconstitucionalidad de una norma vigente desde 2012 y validada durante trece años por el sistema jurídico argentino.
Lejos de moderar su postura tras la repercusión de su primer posteo, Hernández Maqueda eligió profundizarla en un formato de entrevista abierta, con argumentos que buscan presentar el reclamo por el reconocimiento de la identidad de género como una imposición “autoritaria” hacia terceros.
El planteo llega, además, sin que Córdoba cuente todavía con una ley antidiscriminatoria propia que establezca con claridad qué conductas constituyen discriminación en el ámbito provincial y qué consecuencias concretas deberían tener. Mientras figuras con banca legislativa cuestionan abiertamente derechos ya reconocidos a nivel nacional, la ausencia de esa norma en Córdoba deja, una vez más, a la comunidad LGBTIQ+ sin una herramienta local específica para responder a este tipo de discursos, más allá de la vía judicial que habilita la Ley Antidiscriminatoria nacional (23.592)
