“¡Derogación de la Ley de Identidad de Género 26.743 YA!”. Con esas palabras, publicadas en su cuenta de X, el legislador provincial Gregorio Hernández Maqueda volvió a poner su nombre en el centro de la agenda de género en Córdoba. El pedido no llegó de manera aislada: se conoció en una semana marcada por una fuerte polémica mediática nacional, después de que dos comunicadores desconocieran en vivo la identidad de Florencia de la V, tratándola en masculino en radio y televisión. Ese episodio quedó como telón de fondo, pero el protagonista cordobés de esta historia es otro.
Quién es Hernández Maqueda
Hernández Maqueda no es una voz nueva en este tipo de debates. En marzo de este año había presentado en la Legislatura de Córdoba un proyecto para eliminar la paridad de género en las listas electorales, bajo la consigna “chau al curro del género”, con el acompañamiento como coautores de otros legisladores de Encuentro Vecinal Córdoba y de La Libertad Avanza. El actual pedido de derogación de la Ley de Identidad de Género se suma a esa misma línea de acción: utilizar su banca y su llegada en redes para instalar, una y otra vez, cuestionamientos a marcos legales vinculados a género y diversidad. Además, su nombre ya circula como posible candidato a intendente de la Capital cordobesa, lo que le suma peso político al debate.
La Ley de Identidad de Género, sancionada en 2012, garantiza el reconocimiento y el trato digno de las personas conforme a su identidad autopercibida. Pedir directamente su derogación —trece años después de sancionada y con un consenso social y jurídico bastante consolidado a su alrededor— no es un gesto menor ni aislado: es parte de una estrategia más amplia que, esta misma semana, encontró eco también en la televisión nacional, con comunicadores que desconocieron esa misma ley al aire y no enfrentaron ninguna consecuencia inmediata por hacerlo. Ese contexto mediático, aunque no haya sido protagonizado por Hernández Maqueda, funciona como caja de resonancia para este tipo de planteos y muestra que no se trata de una posición marginal, sino de un discurso que gana espacio en distintos ámbitos de exposición pública.
El reclamo pendiente: una ley antidiscriminatoria para Córdoba
Este episodio vuelve a poner en primer plano algo que la comunidad LGBTIQ+ cordobesa reclama desde hace años: una ley antidiscriminatoria provincial. Hoy, frente a un planteo como el de Hernández Maqueda, o frente a situaciones de desconocimiento de la identidad de género en espacios públicos o mediáticos, Córdoba no cuenta con una herramienta legal propia, ágil y clara, que sancione ese tipo de conductas. La única vía disponible a nivel nacional es la Ley Antidiscriminatoria (23.592), que habilita a la persona afectada a recurrir a la Justicia civil para pedir el cese del acto discriminatorio y una reparación económica, pero que exige iniciar un proceso judicial caso por caso.
Para buena parte de las organizaciones LGBTIQ+ de la provincia, ese es justamente el problema de fondo: mientras la comunidad depende de la voluntad individual de cada legislador para no ver cuestionados derechos ya conquistados, la ausencia de una ley antidiscriminatoria provincial deja sin resolver el mismo interrogante de siempre: ¿qué pasa cuando quien discrimina, o pide directamente derogar un derecho, es una autoridad electa? Sin una norma clara a nivel provincial, la respuesta sigue dependiendo, una vez más, de la Justicia y del tiempo que cada caso demande.
